Revolucionemos la educación: privaticémosla por Juan Ramón Rallo

Página Personal JRR.


Hace un año traté de explicar por qué resultaba necesario privatizar la educación superior en España. Sucede que uno de los más claros beneficios de abrir verdaderamente un mercado a la competencia es que los modelos tradicionales de satisfacer al consumidor son día a día puestos en solfa no ya por los asentados y acomodados empresarios, sino por la savia nueva que intenta sobreponerse a los caducos planes de negocio tradicionales: cualquier persona está legitimada para presentar su propuesta de valor a un inversor que la financie y, finalmente, al consumidor soberano que decida convalidarla o rechazarla.
Nada lejanamente parecido a esto sucede en España. Acaso por ello, el fracaso de su sistema educativo sea patente a todos los niveles desde hace años: la “generación mejor preparada de la historia” lo es sólo por bulto, no por calidad ni por adecuación de su formación a las necesidades del mercado; por número bruto de titulados, que no por capacidad de generación de riqueza de cada uno de ellos. Sólo así se explica que en la década del conocimiento, del alto valor añadido o de la especialización técnica, alrededor del 40% de los graduados de menos de 34 años esté siendo empleado, según la OCDE, en trabajos escasamente cualificados o que, de acuerdo con el INE, la prima salarial entre los licenciados y los simplemente escolarizados no haya dejado de estrecharse en los últimos veinte años. Y todo ello a pesar de que nuestro gasto público por alumno se ha duplicado en los últimos diez años hasta ubicarse en 2009 (últimos datos disponibles de Eurostat) en el tercero más elevado de toda la Unión Europea: por delante, sí, de Alemania, Francia, Finlandia, Suecia, Reino Unido u Holanda.
Sonoro fracaso atribuible no ya a la LOGSE y a cuantas otras reformas educativas impulsoras de deficientes métodos pedagógicos y contenidos curriculares, sino a la concepción centralizadamente planificada del sistema: al arrogante error de querer que el método de enseñanza sea único para todo el mundo, sin permitir que cada escuela o cada universidad experimente con el suyo propio hasta descubrir cuál es el más adecuado en cada contexto histórico. ¿Qué daño habría hecho la LOGSE en caso de que sus principios sólo se hubiesen aplicado en una escuela de un barrio de Madrid? Pues apenas ninguno: constatado por los padres y por el director del centro la pobre preparación del alumnado, pronto habrían cambiado de método y pocos colegios cometerían la torpeza de emular una estrategia tan perdedora. En cambio, en nuestro centralizado sistema –público, concertado o privado sometido a draconianas regulaciones– no sólo se la ha impuesto a todo el mundo, sino que, por espurias consideraciones políticas de unos y de otros, se ha tornado en anatema siquiera el plantear modificarla.
En suma: lo que necesita la enseñanza es libertad para probar nuevos métodos, para componer planes de estudio, para rediseñar el papel del profesor, para adaptar el horario y el calendario lectivo, etc. El espectro de experimentaciones, incluso de experimentaciones exitosas según el tipo de alumno, es muy amplio: desde regresar al muy tradicional método de la educación personalizada en casa (el homeschooling) hasta aprovechar internet para impartir clases y titulaciones online a grupos más amplios.
Algunas de estas alternativas están simplemente prohibidas en España (el homeschooling) y otras se encuentran muy restringidas. A las trabas regulatorias para siquiera iniciar la actividad empresarial de crear un centro de estudios, se le une el sangrado fiscal a la ciudadanía para costear una educación pública carísima y, en muchos ámbitos, de baja calidad y adecuación a las necesidades del mercado. Por supuesto que, pese al páramo económico y normativo de España, aparecen muy dignas flores –como el centro de estudios online OMMA y su fundamental máster sobre teoría austriaca y value investing–, pero muchas menos de las que surgirían si el sistema fuera privado y estuviera desregulado. Acaso ésa sea la perversa finalidad última de su estatización: controlar y maniatar, a conveniencia del Gobierno, el natural y creativo desarrollo de la instrucción.
Esta crisis, no sólo presupuestaria sino también de patrones de especialización productiva, constituye el mejor momento para revolucionar la educación devolviéndosela a alumnos, padres e inversores. No tengamos miedo a innovar. Al fin y al cabo, si por alguna alineación planetaria acaeciera que la presente organización del sistema educativo español es la óptima, empresarios y consumidores lo descubrirían y lo conservarían en su actual forma. Pero creo que todos somos muy conscientes de que nada de eso sucedería: señal de que algo falla, esto es, de que no tenemos un sistema orientado a la mejor formación profesional del alumno sino a la perpetuación de centenares de miles de intereses creados.

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