Víctimas, 8 de junio: Antonio Ramos Ramírez y Raúl Suárez Fernández

Libertad Digital.



En torno a las 23:00 horas del día 8 de junio de 1986 el cabo primero de la Guardia Civil, ANTONIO RAMOS RAMÍREZ, es ametrallado en Mondragón (Guipúzcoa) por miembros de la banda terrorista ETA. La víctima no estaba de servicio, ni vestía el uniforme reglamentario, por lo que los etarras debían de conocer bien sus hábitos tras someterle a un período de seguimiento y vigilancia.
El atentado se produjo en el barrio de San Andrés, en el momento en que Antonio Ramos se acababa de introducir en su vehículo particular después de haber estado en un bar próximo. El guardia civil fue alcanzado en el corazón y el brazo izquierdo, quedando gravemente herido. Aunque fue trasladado de forma inmediata al centro asistencial de Mondragón por personal de la Cruz Roja, no pudo hacerse nada por su vida e ingresó cadáver.
El vehículo de Antonio presentaba un total de diez impactos (dos disparados desde el interior), por lo que el guardia civil debió de repeler la agresión, ya que en su mano tenía un arma que había sido disparada. El turismo quedó cruzado en la calle del Doctor Bañez, a poca distancia del bar en el que, hasta momentos antes de su asesinato, había estado.
Al día siguiente del asesinato de Antonio Ramos, un convoy de tres vehículos de la Guardia Civil fue atacado en Hernani (Guipúzcoa) mediante un coche-bomba, resultando heridos leves dos civiles. Además, ETA había enviado centenares de comunicados a embajadas, medios de comunicación extranjeros y agencias de viajes avisando de lo peligroso que era veranear en España, dando así comienzo a su particular campaña veraniega del terror. Pretendía de esta forma presionar violentamente los días previos a las elecciones generales que se iban a celebrar el 22 de junio, elecciones que ganó el PSOE por mayoría absoluta.
El asesinato del guardia civil está sin juzgar de momento. Años después, las Fuerzas de Seguridad señalaron a Luis Enrique Gárate Galarza, alias Zorro, como uno de los participantes en el atentado. Gárate fue detenido en el sur de Francia, en la localidad de Cognac, a unos cien kilómetros de Burdeos, el 9 de febrero de 2004. El etarra pretendía introducir en España, junto a Ibón Elorrieta Sanz, una furgoneta Renault Kangoo cargada con material explosivo y armas. Por este delito fue condenado en Francia a 16 años de prisión. En junio de 2006, España solicitó la extradición de Gárate Galarza, y en marzo de 2010 fue entregado temporalmente a España para ser juzgado por diversos atentados cometidos en la década de los ochenta.
Antonio Ramos Ramírez, de 28 años, estaba destinado en el cuartel de Oñate. Era natural de la localidad de Espera (Cádiz), aunque había vivido en Sevilla desde muy pequeño. Estaba casado con Carmen Rodríguez Muriel y tenía un hijo de 5 años, Alejandro. Su mujer estaba embarazada de seis meses y, según contaron los medios de comunicación, dio muestras de una gran serenidad durante la celebración del funeral de su marido. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de San Fernando en Sevilla.
Antonio Ramos ya había sufrido anteriormente un atentado terrorista. El 15 de octubre de 1983, minutos antes de las once de la noche, tres vehículos de la Guardia Civil circulaban por la carretera de acceso a la localidad guipuzcoana de Oñate, concretamente en el barrio de Zubillaga. Al pasar junto a una vieja tapia, varios etarras apostados en la oscuridad accionaron a distancia un artefacto, compuesto por explosivos y tornillos, que impactó en el vehículo que marchaba en primera posición. Como consecuencia de la explosión falleció prácticamente en el acto, por fractura de cráneo, el guardia civil José Reyes Corchado Muñoz. Ramos resultó herido leve, mientras que el conductor del vehículo, Francisco Borjas Reinoso, resultó ileso. Pese a ello Antonio, que llevaba ocho años destinado en el País Vasco, se había negado a pedir el traslado a otro destino menos peligroso.
Cinco años después, el 8 de junio de 1991 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Rentería (Guipúzcoa) a RAÚL SUÁREZ FERNÁNDEZ mientras paseaba a su perro en torno a la medianoche. La víctima había sido sometida a un seguimiento previo, por lo que los miembros del grupo Ipar-Haizea de ETA conocían sus costumbres. Mientras Raúl caminaba por el paseo Iztieta de la localidad guipuzcoana, los etarras se acercaron a él y le pegaron varios tiros que provocaron su merte casi en el acto. Los pistoleros se ensañaron, además, con el perro, contra el que abrieron fuego hasta matarlo. La banda terrorista justificó el asesinato vinculando a la víctima con el tráfico de drogas en un comunicado publicado íntegramente en vasco en el diario Egin el 28 de junio.
En el asesinato de Raúl intervinieron nueve miembros de la banda, detenidos en agosto de 1991 y condenados por la Audiencia Nacional en 1995. Como autores de los disparos que acabaron con la vida de Raúl fueron condenados a 30 años los etarras José Ignacio Echevaría Pascual y José Arizmendi Oyarzábal. A 27 años, también como autores responsables de un delito de asesinato, fueron condenados Miguel Ángel Benaito Villagarcía, Miren Maitane Sagastume Arrieta e Iñaki Casas Cartón. Los tres fueron en coche con los autores materiales de los disparos hasta el lugar del crimen y les acompañaron en la huida. Por último, y en calidad de cómplices, fueron condenados a 18 años Alfonso Castro Sarriegui, Amaia Segurola Aguirre, Javier María Múgica Picabea y Asier Echevarría Mendiburu. Los cuatro habían realizado labores de vigilancia sobre los hábitos y rutinas de la víctima.
El etarra Alfonso Castro Sarriegui había sido policía municipal en Rentería o, más propiamente, era un topo de la banda terrorista dentro de la Policía Municipal. Su misión era pasar información al grupo Donosti de ETA sobre posibles objetivos.
La infiltración de etarras, o su captación posterior, en ayuntamientos, Hacienda Foral, Ertzaintza y Policía Municipal, por no hablar de los cargos electos de Herri Batasuna o de su personal de confianza que han colaborado en labores de información con la banda terrorista, ha sido una lacra en la lucha antiterrorista contra la que ha sido muy difícil actuar.
En el caso de la Policía Municipal, la infiltración de etarras ha aportado a la banda terroristainformación fundamental para cometer decenas de asesinatos. Los policías municipales no sólo tienen acceso a datos sobre movimientos de posibles víctimas, matrículas de vehículos, relaciones de algunos ciudadanos con el consumo o tráfico de drogas, itinerarios de las patrulas etc., sino que también acuden junto a las fuerzas de seguridad a los lugares donde se han cometido atentados, buena ocasión para conocer a los integrantes de los servicios de información o las matrículas de los vehículos que estos utilizan. Un ejemplo claro es el de Castro Sarriegui, que pasaba habitualmente información a los pistoleros de la banda sobre potenciales víctimas o para llevar a cabo otro tipo de acciones, como el robo de armas. Así, tras su detención en agosto de 1991, entre la documentación incautada había un plan para asaltar las dependencias de la Policía Municipal de Rentería y sustraer las pistolas reglamentarias.
Raúl Suárez Fernández tenía 24 años. Era natural de Rentería y estaba soltero. Según informó El Diario Vasco, pertenecía a una familia de Rentería conocida por el apodo de los Cocolisos. El joven asesinado "había sido detenido en diversas ocasiones acusado, fundamentalmente, de realizar varias sustracciones de vehículos".

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