Hoy ha comparecido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, a presentar los resultados de la eléctrica que ha visto disminuidos sus beneficios en un 2,3 por ciento durante el ejercicio 2011. Y de nuevo ha arremetido contra la política de subvenciones a las tecnologías renovables con afirmaciones del tipo "hay que detener la construcción no sostenible de las energías renovables" o "la mitad de la factura que pagamos tiene que ver con decisiones políticas".
No le falta razón al señor Sánchez-Galán, puesto que una parte significativa del déficit de tarifa eléctrica está siendo ocasionado por las primas a la producción de electricidad con tecnologías acogidas al régimen especial, fundamentalmente renovables y cogeneración. Las desorbitadas y multimillonarias cifras que los consumidores pagamos anualmente como sobrecoste de estas tecnologías han sido originadas por decisiones única y exclusivamente políticas. Fue una legislación nefasta la que, en su momento, otorgaba primas del 575 por ciento sobre el precio medio de referencia a las placas solares fotovoltaicas, ocasionando la burbuja solar que hemos vivido en los últimos años.
La instalación masiva de centrales solares, al abrigo de inversiones garantizadas por el gobierno a 25 años y con una rentabilidad desorbitada, ha ocasionado una asimetría en el sistema eléctrico español que provoca situaciones difícilmente explicables. Una de ellas es el hecho de que una tecnología que genera en torno al 3 por ciento de la electricidad demandada en España, reciba casi el 40% de las primas a la producción. Este hecho llama especialmente la atención cuando se compara con el caso de la energía eólica, que produciendo cinco veces más electricidad recibe únicamente el 24 por ciento de las primas. Sin embargo, esto no es un problema tecnológico, sino un problema originado por malas decisiones políticas.
Según la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía, el déficit eléctrico provisional del año 2011 asciende a 3.784 millones de euros. En el mismo periodo, las primas al régimen especial ascendieron a 6.984 millones de euros, siendo parcialmente responsables de la creación de déficit. En la actualidad, el déficit acumulado supera los 24.000 millones de euros, siendo en su mayor parte asumido por las empresas eléctricas. Este déficit se tituliza en paquetes que se lanzan al mercado y se están colocando con intereses que, en las últimas subastas, han superado el 6 por ciento.
Como bien dice Sánchez-Galán, este sistema es insostenible y deben tomarse medidas de inmediato. Basta una mirada a Europa para darse cuenta de que la industria francesa paga el MWh a 69 € mientras la industria española paga la electricidad a 104 €/MWh. En estas condiciones es francamente difícil hablar de competitividad de la capacidad productiva española frente a la gala. Ante esta coyuntura, la primera medida tomada por el gobierno fue destinada a suspender las primas de producción a las nuevas centrales que se instalen bajo el régimen especial. Pueden seguir instalándose energías renovables, pero no recibirán subvenciones. Esta decisión contribuirá notablemente a evitar la acumulación de déficit a futuro, pero no soluciona el problema de los más de 24.000 millones de euros que ya se han acumulado y que, previsiblemente, seguirán acumulándose a no ser que se tomen cartas en el asunto.
Ahora bien, la comunidad internacional está mirando con lupa las decisiones de España en esta materia. Desgraciadamente, se han comenzado a barajar públicamente conceptos como "quita" de parte del déficit (a la griega) o intervención del mercado eléctrico para redistribuir las ganancias de ciertas tecnologías de generación. Estos comportamientos únicamente pueden ser contraproducentes para la economía española puesto que significarían menos mercado, menos libertad económica y un golpe durísimo contra la seguridad jurídica del sector energético. Seguramente los mercados y las agencias de calificación tomen buena nota de ello y cualquier decisión en este sentido afecte a nuestros parámetros económicos, incluida nuestra prima de riesgo.
La instalación masiva de centrales solares, al abrigo de inversiones garantizadas por el gobierno a 25 años y con una rentabilidad desorbitada, ha ocasionado una asimetría en el sistema eléctrico español que provoca situaciones difícilmente explicables. Una de ellas es el hecho de que una tecnología que genera en torno al 3 por ciento de la electricidad demandada en España, reciba casi el 40% de las primas a la producción. Este hecho llama especialmente la atención cuando se compara con el caso de la energía eólica, que produciendo cinco veces más electricidad recibe únicamente el 24 por ciento de las primas. Sin embargo, esto no es un problema tecnológico, sino un problema originado por malas decisiones políticas.
Según la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía, el déficit eléctrico provisional del año 2011 asciende a 3.784 millones de euros. En el mismo periodo, las primas al régimen especial ascendieron a 6.984 millones de euros, siendo parcialmente responsables de la creación de déficit. En la actualidad, el déficit acumulado supera los 24.000 millones de euros, siendo en su mayor parte asumido por las empresas eléctricas. Este déficit se tituliza en paquetes que se lanzan al mercado y se están colocando con intereses que, en las últimas subastas, han superado el 6 por ciento.
Como bien dice Sánchez-Galán, este sistema es insostenible y deben tomarse medidas de inmediato. Basta una mirada a Europa para darse cuenta de que la industria francesa paga el MWh a 69 € mientras la industria española paga la electricidad a 104 €/MWh. En estas condiciones es francamente difícil hablar de competitividad de la capacidad productiva española frente a la gala. Ante esta coyuntura, la primera medida tomada por el gobierno fue destinada a suspender las primas de producción a las nuevas centrales que se instalen bajo el régimen especial. Pueden seguir instalándose energías renovables, pero no recibirán subvenciones. Esta decisión contribuirá notablemente a evitar la acumulación de déficit a futuro, pero no soluciona el problema de los más de 24.000 millones de euros que ya se han acumulado y que, previsiblemente, seguirán acumulándose a no ser que se tomen cartas en el asunto.
Ahora bien, la comunidad internacional está mirando con lupa las decisiones de España en esta materia. Desgraciadamente, se han comenzado a barajar públicamente conceptos como "quita" de parte del déficit (a la griega) o intervención del mercado eléctrico para redistribuir las ganancias de ciertas tecnologías de generación. Estos comportamientos únicamente pueden ser contraproducentes para la economía española puesto que significarían menos mercado, menos libertad económica y un golpe durísimo contra la seguridad jurídica del sector energético. Seguramente los mercados y las agencias de calificación tomen buena nota de ello y cualquier decisión en este sentido afecte a nuestros parámetros económicos, incluida nuestra prima de riesgo.
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